Cuándo la Comunidad de Propietarios está legitimada para demandar a los ocupantes ilegales de una vivienda?

La ocupación de viviendas es algo que se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más habitual. Quien está legitimado para recuperar la posesión de la finca ante una ocupación ilegal es el propietario. ¿Pero qué puede hacer la comunidad de propietarios si el propietario no ha actuado?

El Libro V del Codi Civil de Catalunya legitima a la Comunidad a actuar contra el ocupante. El Art. 553-40 Ccat. establece que los ocupantes (no hace distinción en si tienen título para poseer o no) no pueden hacer en la vivienda  «actividades contrarias a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble. Tampoco pueden llevar a cabo las actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyen o prohíben de forma expresa”.

El presidente de la comunidad, si se dan esas actividades a las que nos acabamos a referir, por su propia iniciativa o bien porque se lo pida una cuarta parte de los propietarios, ha de requerir al ocupante para que cese en esa actividad. Si el ocupante persiste, entonces la junta de propietarios podrán ejercer contra él la acción de cesación, pudiendo solicitar del juzgado las medidas cautelares que se consideren convenientes, como la de expulsión del inmueble, que deberá solicitarse sobre todo si el ocupante no tiene ningún título que lo ampare para poseer la vivienda, y además, si se están dando aquellas actividades prohibidas a las que nos hemos referido antes.

La comunidad, además de reclamar al ocupante los daños y perjuicios, y si las actividades prohibidas continúan, tiene derecho a instar la privación del uso al ocupante.

Todo esto que acabamos de exponer es en relación a la ocupación ilegal, pero también es extrapolable a aquellos casos en que el ocupante tenga un contrato de arrendamiento pero realice en la vivienda actividades prohibidas, contrarias a la convivencia normal en la comunidad, contrarias a los estatutos, a la normativa urbanística, o la ley excluya expresamente. De tal manera que si el propietario no insta contra el inquilino  la resolución del contrato contra el de arrendamiento por estos motivos, la comunidad de propietarios tiene legitimación para ello.

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